Se discute uso de camionetas blindadas para servidores públicos

Niegan camionetas blindadas a servidores públicos

Se discute uso de camionetas blindadas para servidores públicos

Durante la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) del pasado 23 de julio del 2020 se discutió el gasto de más 27 millones de pesos en la adquisición de camionetas blindadas para uso de servidores públicos.

El magistrado José Luis Vargas Valdez de la Sala Superior afirmó que lo que quieren algunos consejeros de la Judicatura Federal son “mártires y no servidores públicos”.

– Yo no estoy dispuesto a acabar siendo el Pípila de la democracia -expresó el magistrado .

Esto a causa de que los consejeros de la Judicatura Federal se oponían a gastar más de 27 millones de pesos en la adquisición de diez camionetas blindadas para uso personal de los magistrados.

Magistrado José Luis Vargas Valdez / FOTO: EXPANSIÓN POLÍTICA

El hecho fue considerado excesivo por los consejeros de la Judicatura, uno de los cuales, Bernardo Bátiz Vázques, respondió que tal adquisición se apartaba de la Ley de Austeridad y de las prácticas del Consejo de la Judicatura Federal para el uso de vehículos blindados.

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El consejero Bátiz Vázquez argumentó que debería considerarse si realmente se requieren esos vehículos blindados y explicó que el Consejo de la Judicatura tiene reglas para la adjudicación de vehículos de ese tipo, pero se asignan en forma individual y no en grupo.

No hemos nunca aprobado una adquisición de vehículos en bloque, dijo el consejero, como puede escucharse en este audio.

El magistrado José Luis Vargas, principal impulsor de la compra de las camionetas respondió:

-Yo amo a mi país, amo la institución en la cual trabajo, pero no estoy dispuesto a dejar dos hijos huérfanos. Si ustedes no son lo suficientemente sensibles para aceptar que hay un riesgo en este país y que tomamos decisiones límite en última instancia y nos corresponde tener protección del Poder Judicial de la Federación para actuar con independencia y autonomía, pues entonces,  la verdad, están buscando mártires y no servidores públicos.

Vargas rechazó la aplicación de la Ley Federal de Austeridad Republicana, con el argumento de que no aplica al Poder Judicial. Y si no es así -dijo- ¿por qué no nos hemos bajado los salarios? Bajémonos los salarios en esa tesitura y apliquemos exactamente los mismos criterios. Pero no se vale aplicarlas para unas cosas sí y para otras cosas no.

En su intervención, Vargas responsabilizó implícitamente, de una eventual agresión, a quienes rechazaban la adquisición de los vehículos blindados. Si habiendo la suficiencia presupuestal, y no siendo vinculante la Ley de Austeridad Presupuestal, hoy se decide no aceptar la adquisición de los automotores, “pido que se tome en cuenta la responsabilidad de cada uno de los miembros (de la Comisión)”, expresó.

La consejera Ortiz Ahlf planteó la conveniencia de efectuar un estudio de riesgo para determinar quiénes realmente necesitan vehículos blindados e incluso protección de escoltas, ante amenazas reales a su seguridad.

Qué más quisiéramos que todo mundo tuviera, todos los jueces, magistrados, todos tuvieran seguridad, su camioneta blindada y su protección, pero no es suficiente (el dinero) para todos. Entonces, hay que escoger a los que realmente lo necesitan.

El magistrado Vargas comentó:

-Yo no estoy dispuesto, insisto, a acabar siendo el Pípila de la democracia y acabar, en algún supuesto hipotético, acabar acribillado porque (a alguien) no le gustó mi resolución; y peor aún, que no pueda tomar mi resolución, con independencia y autonomía, por riesgo a mi vida.

Por votación de tres consejeros del CJF en contra de la compra de vehículos blindados y dos a favor, los magistrados Fuentes y Vargas, la propuesta de adquirirlos fue desechada.

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Fuente: Aristegui Noticias

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